Esta ley de prevención de riesgos laborales de 8 de noviembre, ha sido modificada y actualizada por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Esta Ley supone encomendar a los poderes públicos su papel como garantes de la seguridad en el trabajo. Es una ley de prevención que se configura como el pilar fundamental, así como el marco general para desarrollar las diferentes actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales para mejorar así las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras en España.
En este sentido, los trabajadores y trabajadoras deben verse amparados por una serie de derechos en materia de prevención, entre los que destacan la evaluación de riesgos del puesto de trabajo, el derecho a ser informados, a ser consultados y a que puedan tener canales de participación, formación en materia preventiva, vigilancia de su estado de salud y paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente, entre otros.
¿Qué contempla la ley de prevención de riesgos laborales?
La ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene como objetivo principal establecer la adecuada protección de los trabajadores y trabajadoras ante los riesgos que puedan derivarse de su puesto de trabajo y establece igualmente las actuaciones que las diferentes Administraciones Públicas deben llevar a cabo para ello.
La ley de Prevención de Riesgos Laborales es la norma básica a partir de la cual se irán concretando tanto las citadas medidas preventivas como la función específica a partir de la cual la negociación colectiva podrá desarrollarse. Esta Ley establece como principios generales:
- La prevención de los riesgos profesionales.
- La eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo.
- La información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva.
¿Cuándo es necesario aplicarla?
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es una Ley que garantiza la protección de los trabajadores y trabajadoras ante los riesgos que se deriven de su desarrollo profesional. En este sentido, la Constitución Española encomienda a los poderes públicos velar por esta protección. Bajo este mandato constitucional y como transposición de la Directiva Europea 89/391/CEE aparece la citada Ley tiene un carácter extensivo tanto a los trabajadores por cuenta ajena, como aquellos trabajadores de carácter administrativo o estatutario del personal civil al servicio de las Administraciones Públicas.
¿Cómo se debe aplicar?
Los trabajadores y trabajadoras tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y este derecho supone asumir un deber no sólo por parte del empresario, – por cuanto tiene que proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales de los empleados a su cargo- sino también y como obligación, por parte de las Administraciones Públicas que deben tener presente la Ley de Protección de Riesgos Laborales con sus empleados.
Las normas que contempla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se refieren al ámbito de las relaciones laborales que se regulan en la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Y todo ello sin que dejen de cumplirse las obligaciones propias para fabricantes, importadores, y suministradores, así como derechos y obligaciones que se deriven para los trabajadores autónomos. Las sociedades cooperativas también están incluidas.
Sin embargo la Ley no se aplica a las actividades que tengan particularidades que impidan dicha aplicación, como es el caso de profesiones como policía, seguridad, resguardo aduanero, servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, así como actividades militares dela Guardia Civil. Sin embargo la Ley si sirve para inspirar la normativa que regule la protección de los trabajadores de estas últimas actividades.
Tampoco la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se aplica al servicio del hogar familiar, aunque el titular del hogar familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad e higiene.
